Las organizaciones empresariales Consorcio Asociación Patronal Sanitaria y Social (CAPSS), Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) y Unión Catalana de Hospitales (La Unió), por una parte, y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han llegado a un acuerdo para cerrar la negociación de un convenio colectivo de ámbito autonómico que englobe la atención a la gente mayor en Cataluña, exceptuando los espacios de negociación colectiva ya existentes en este ámbito territorial.

El acuerdo será de aplicación para los centros residenciales de personas mayores con plazas concertadas y colaboradoras, los centros residenciales de gestión delegada y los centros de día, siempre y cuando la facturación pública de las empresas y las entidades sea igual o superior al 60%, y una vez el Gobierno publique la modificación de las tarifas públicas.

La parte empresarial y la parte sindical califican el acuerdo como histórico ya que se trata de un paso de gigante para alcanzar el primer convenio catalán de atención a la gente mayor, un marco normativo muy necesario para hacer avanzar este sector en la mejora de las condiciones retributivas de las profesionales y los profesionales, y en la estabilidad económica de las empresas derivadas de la mejora de las tarifas públicas de los servicios de atención a la gente mayor, reivindicaciones compartidas por ambas bandas.

En un acto de responsabilidad y generosidad por parte de todos los actores implicados, todos sin excepción tienen claro que después de la dura crisis ahora es el momento de poner los cimientos para construir unos servicios más adaptados a las necesidades de las personas con dependencia.

Las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales han acordado, por tanto, la aprobación de un escenario económico para los próximos tres años (2021-2023) con un incremento salarial del 12% al colectivo de profesionales del sector, y según un escenario de aumento de tarifas de residencia y centros de día del 10%.

Hay que seguir mejorando la financiación y también la flexibilidad del modelo para que la dependencia sea dinámica y así lo serán sus servicios. Hay que mejorar la lista de espera, una de las demandas de la ciudadanía, con un plan de concertación.