Los agentes sociales de atención a las personas con problemas de salud mental y adicciones en Cataluña critican con firmeza la instrucción dirigida a las entidades por parte de la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que contempla sólo el pago del 85% de la tarifa de los servicios educativos, sociales y sociosanitarios. En este sentido, exigen una rectificación por parte del Gobierno y reclaman que se comprometa a asumir el pago íntegro.

La medida anunciada tiene un impacto directo sobre entidades de salud mental y adicciones que ofrecen diferentes servicios de atención a personas, tales como Servicios Prelaborales, Clubes Sociales, Hogares residencia, entre otros.

Ante este anuncio las entidades que forman el Plan Integral de Salud Mental y adicciones alertan de las graves consecuencias que ello podría tener para el colectivo de la salud mental y las adicciones y reclaman una solución inmediata, ya que se trata de servicios esenciales que atienden a personas en riesgo y que ya están infrafinanciados desde hace muchos años. Reclaman un pago del 100% del coste en el caso, al menos, los servicios sociales, y alertan de que esta medida supone un nuevo agravio hacia un sector, el de la salud mental, que en la última década ha sido menospreciado en las políticas públicas.

A día de hoy, los servicios no han suspendido su actividad, sino que los profesionales continúan trabajando, a pesar de las múltiples carencias, evitando la presencialidad al máximo, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar los contagios y la propagación de la pandemia. Asimismo, aunque los servicios no estén totalmente abiertos al público, los profesionales continúan ofreciendo atención y acompañamiento a personas con problemas de salud mental vía teléfono o videoconferencia, se han implementado medidas muy intensas de seguimiento individual, se llevan a cabo actividades grupales en línea, y atención domiciliaria en los casos más vulnerables.

El sector considera que un mensaje de estas características en la situación actual, en que el colectivo de personas con problemas de salud mental está sufriendo los efectos del estado de alarma y del confinamiento, y en que los le las profesionales están trabajando los 7 días de la semana, es muy decepcionante y lo considera inaceptable, ya que remarca una tendencia muy preocupante.

Nos sumamos a las reivindicaciones que se han hecho desde otros sectores de los que formamos parte como la Confederación, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social, o COCARMI, entre otros.

Hay que recordar que para las personas que conviven con un problema de salud mental un estado de alarma, la incertidumbre y el confinamiento son factores de riesgo que pueden provocar un empeoramiento y por ello hay que ofrecer el máximo apoyo posible.