Los agentes sociales y económicos del ámbito de atención a la gente mayor en Cataluña han llegado hoy a un compromiso con la Generalitat para establecer una hoja de ruta antes del próximo junio que establezca las prioridades y las necesidades del sector para los próximos tres o cuatro años. Patronales, sindicatos y el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, coincidieron en situar la mejora de la atención a las personas mayores como un reto de país que requiere de un amplio acuerdo y ante el que no hay alternativa posible. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, Centros Socio-sanitarios Católicos de Cataluña, CCOO, Consorcio de Salud y Social de Cataluña, La Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, La Unión Catalana de Hospitales, Unión General de Trabajadores y La Unión de Pequeñas y Medianas Residencias han expresado durante la reunión mantenida con el consejero la necesidad de mejorar, por un lado, las condiciones laborales para los más de 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector y, por otro, garantizar la sostenibilidad de las entidades proveedoras de la red de utilización pública.

Las entidades y las organizaciones sindicales reclaman que todas las personas atendidas en residencias reciban las mismas condiciones que las que son atendidas en los centros propios de la Generalidad de Cataluña tanto en cuanto a los ratios de profesionales como a las condiciones laborales de los trabajadores. También se pide que se apliquen las mismas tarifas que en los centros de gestión delegada, más los gastos de amortización. Hay que recordar que durante los últimos diez años han visto las tarifas congeladas, pese al incremento progresivo de los costes durante el mismo periodo.

Patronales y sindicatos recuerdan que la mejora de la atención a la dependencia es un reto de país que requiere de la implicación de todo el Gobierno, y apuestan por la firma de un convenio catalán que mejore las condiciones laborales y las cargas de trabajo de los profesionales, siempre y únicamente vinculado al incremento de tarifas. Estas ocho entidades ya presentaron hace dos años en el Departamento el «Manifiesto del sector de atención a la gente mayor de Cataluña» que reclamaba la aportación de 300 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y aumentar las tarifas públicas, una demanda que no ha tenido recorrido por parte de la administración.