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Comunicado en relación al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno del Estado contra la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria

Desde el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y La Unió, entidades que representamos a la mayoría de los proveedores de servicios sanitarios del SISCAT (Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña), queremos poner de manifiesto nuestro desacuerdo respecto a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad acordado por el Gobierno del Estado, contra la Ley 9/2017, del 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Servicio Catalán de la Salud.

La "Ley General de Sanidad" de 1986 permitió construir un sistema nacional de salud que tenía como principios básicos la universalidad de la atención a toda la ciudadanía y la equidad de acceso a los servicios de salud de financiación pública. El "Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejor la calidad y seguridad de sobre prestaciones", promovido por el Gobierno del Estado, hizo que quedaran excluidos de la atención sanitaria a cargo de fondos públicos algunos colectivos, sobre todo los más vulnerables.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a la asistencia médica como derecho fundamental. Es con este fundamento y en virtud del artículo 23.1. del Estatuto de Autonomía que se aprueba la Ley 9/2017 en el Parlamento de Cataluña con una amplia mayoría de las fuerzas parlamentarias. Con esta ley se pretende garantizar este derecho fundamental de todos los ciudadanos que residen en Cataluña, con independencia de su situación administrativa.

Queremos poner de manifiesto que el sistema sanitario catalán se ha inspirado en el acceso universal a los servicios de salud financiados públicamente, el cual permite construir una sociedad más inclusiva y con más justicia social. Desde el Consorcio de Salud y Social de Cataluña y La Unió nos oponemos a la limitación de los derechos de las personas, especialmente cuando afecta a las más vulnerables.

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